Axenda Mazucu

Concentración Salvemos Peñamayor

El Director General de Energía y Minería y el Consejero de Industria, Javier Cueli y Borja Sánchez, mantienen y defienden la misma gestión que Belarmina Díaz y Nieves Roqueñí.

Tras un año y medio de lucha contra el permiso de investigación que amenaza la sierra de Peñamayor, desde la plataforma vecinal Salvemos Peñamayor podemos constatar que la gestión en minas no ha cambiado. Se mantienen y defienden las mismas políticas opacas e irregulares que se están investigando tras los trágicos sucesos del suroccidente asturiano.

El martes a las 11:30 esperaremos a Borja Sánchez, Consejero de Ciencia, Industria y Empleo, a las puertas de la Junta General del Principado para exigirle que aplique la normativa vigente y ponga fin al permiso de investigación Astur A que amenaza Peñamayor.

El permiso de investigación Astur A se puso en marcha con Belarmina Díaz al frente de la dirección general de minas a favor de la empresa inglesa Technology Minerals. Esta empresa montó con 3000 euros la filial Asturmet, para especular sobre un territorio distribuido entre Peñamayor, Piloña y el Aramo. Unas 23.000 hectáreas de terreno en total.

Según la ley de minas del 73 y el reglamento minero del 79 la administración debería de abrir un expediente de caducidad por los incumplimientos de Asturmet. A pesar de ello el Director General de Energía y Minería, Javier Cueli, defendió recientemente ante esta plataforma su continuidad alegando que si caducan Astur A tendrían que caducar muchos otros permisos de investigación y asumiendo con normalidad que en Asturias, en cuestión de gestión minera, los incumplimientos y las irregularidades de las empresas son la norma.

El Ayuntamiento de Bimenes, como ya hiciera el Ayuntamiento de Llaviana anteriormente, aprobó el día 29 de diciembre de 2025 un acuerdo plenario para instar a la dirección general de minas a abrir un expediente de caducidad sobre Astur A, en los mismos términos que esta plataforma vecinal, basándose en un informe técnico apoyado en la normativa minera a la que continuamente hacemos referencia. Hay que sumar a esto que también apoyado en informes técnicos de Nava y Bimenes, las normativas municipales impiden el desarrollo de los trabajos del permiso Astur A.

En resumen: la Dirección general de Energía y minería con el aval de la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo tienen intención de mantener vigente Astur A a pesar de la oposición vecinal, de los informes técnicos, de la posición de los ayuntamientos afectados y de la propia normativa de minas y municipal.

¿HASTA CUÁNDO?

Peñamayor sigue en el limbo: La Dirección General de Minas se empeña en mantener vivo el permiso de investigación minera Astur A pese a los incumplimientos, la falta de permisos y la oposición de vecinos y alcaldes

Recientemente mantuvimos con el Director General de Minas y el Viceconsejero de Industria una reunión para hablar sobre la caducidad de este permiso ante la falta de autorizaciones para realizar trabajos y los incumplimientos del plan de labores en los que está incurriendo la empresa. Lamentablemente la reunión en lugar de servir para despejar dudas ha servido para confirmarlas y contribuir a aumentar la preocupación por la tolerancia de la administración con el incumplimiento de la Ley de Minas.

El encuentro comenzó con una afirmación tajante: caducar Astur A supondría abrir la puerta a una avalancha de solicitudes de caducidad. Dicho sin rodeos, se asume que el problema es generalizado y que existen numerosos permisos que no estarían cumpliendo las obligaciones legales que justificarían su vigencia. Por tanto aplicar la Ley, vigente desde el año 1973, tendría una serie de consecuencias y, precisamente por eso, se prefiere mirar hacia otro lado y consentir esta situación.

Se nos trasladó además la posibilidad de que la Dirección General siguiera adelante con el permiso admitiéndole a la empresa el 2º Plan de labores, pese a no haber cumplido con el primero. Ello permite que estos permisos sean instrumentos de especulación con el territorio al servicio de intereses privados en lugar de responder al interés general. Y convierte a los responsables en materia minera en facilitadores para retorcer y sortear la normativa en lugar de exigir rigurosidad en su cumplimiento.

Nuestras preguntas sobre qué trabajos se van a hacer en nuestro territorio, dónde y cuándo tampoco fueron contestadas. No hay información clara, ni calendario ni explicaciones. Este permiso sólo está claro y se mantiene en los despachos de la Dirección General y sume en la incertidumbre al territorio. Ni vecinos ni alcaldes de los municipios afectados tenemos respuesta a estas cuestiones.

Hay que añadir un hecho que debería ser determinante en todo esto y que es la base de las solicitudes de caducidad: los trabajos en el territorio no se están llevando a cabo. La empresa no tiene permisos para ocupar los terrenos y también carece de los permisos urbanísticos necesarios, que tampoco es posible obtener ya que la normativa no permite estos trabajos en los suelos de especial protección que se encuentran en la Sierra de Peñamayor.

Hace sólo unas semanas el Pleno del Ayuntamiento de Bimenes, se pronunció en el mismo sentido que el Pleno de Llaviana y manifestó por unanimidad su oposición a este permiso aprobando solicitar su caducidad basándose en un informe técnico que se suma al que ya existe en Nava en relación a la imposibilidad de otorgar permisos por parte de los ayuntamientos para la realización de estos trabajos.

La Dirección General por tanto sostiene una ficción administrativa: un permiso de investigación sobre terrenos donde no se puede investigar y sin capacidad real de ocupación y se hace con pleno conocimiento y convencimiento.

Durante la reunión se llegó a afirmar que, si se aplicara de manera rigurosa la Ley de Minas, ningún permiso, ni de investigación ni de explotación, la cumpliría en Asturias y que los trabajos no tienen por qué realizarse cuando corresponde (según la planificación de la empresa aprobada por la DG de Minas) porque para eso están las prórrogas. Estas afirmaciones revelan claramente que los incumplimientos de la ley se asumen como normales y se defienden como inevitables.

La Plataforma, las vecinas y vecinos, exigimos a la Consejería rigor en la aplicación de la normativa. No se puede aceptar sin mover un dedo que las normas se incumplan de manera sistemática, que se ignore el rechazo social y que el control público se sustituya por una inercia administrativa al servicio de intereses privados.

El reciente relevo en los cargos de esta Consejería está claro que no ha tenido ninguna incidencia de fondo y todos los cambios van en la misma dirección: mantener un sistema que lleva funcionando deficientemente décadas en esta región permitiendo incumplimientos que acarrean consecuencias muy graves para las personas y el territorio. El permiso Astur A pone de manifiesto la opacidad e irregularidad del funcionamiento de la Dirección General de Minas en Asturias.

Por eso, este caso interpela directamente a la JGP: no es un problema administrativo menor, no es una cuestión técnica ya que implica una forma de manejar el territorio y sus recursos. La Junta no puede mirar hacia otro lado mientras se mantiene vivo un permiso que ignora el rechazo social y se apoya en una intención clara de sortear la lagislación.

Mantener Astur A vivo es una decisión política concreta, con consecuencias concretas sobre Peñamayor y sobre la credibilidad de las instituciones.

¡SALVEMOS PEÑAMAYOR!