domingo 27 de septiembre de 2026 - 10h
Concentración en la cárcel de Villabona.Salud Universal dentro y fuera
CONCENTRACIÓN
27/09
10 de la mañana
Cárcel de Villabona (Asturies)
El derecho a la salud es un derecho universal que no puede verse limitado por el castigo de la privación de libertad.
En la cárcel hay una incidencia de enfermedades infecciosas más alta que entre la población general. 2020, último año del que hay registros, 7432 internes ingresaron en las enfermerías por patologías psiquiátricas, el 30% de la población reclusa refiere tratamiento con medicación psiquiátrica, y más del 20% ha intentado quitarse la vida. La tasa de suicidio es 8 veces más elevada que en el exterior.
Hay 2 psiquiátricos penitenciarios, que no actúan como hospitales de referencia para la atención psiquiátrica; se dedican a medidas de seguridad punitivas, a joder más a quienes ya están muy mal.
En un entorno en el que el 5% de la población son enfermas mentales graves y crónicos, son atendidos en módulos y enfermerías que no disponen de medios correctos.
La edad de las personas no puede medirse en términos cronológicos. Hay que tener en cuenta la suma de condiciones físicas, funcionales, mentales y de salud.
No es lo mismo envejecer en la cárcel, que en la calle. Preses con un promedio de edad de 59 años, pueden cursar enfermedades geriátricas similares a las de ciudadanos de 75 años libres de prisión.
Las personas mayores encuentran gran dificultad al salir de prisión, convirtiéndoles en un colectivo de exclusión social.
Es común que se conviertan en personas sin hogar, aisladas y marginadas. Las mujeres mayores sufren mayor vulnerabilidad, por ser mujeres, mayor historia de trauma y mayor invisibilidad.
España está a la cabeza de personas mayores encerradas, y carece de un modelo de atención geriátrica en las cárceles, como la inexistencia de un modelo de sanidad integral.
Pero sí utilizan la enfermedad como represión y tortura.
Para las mujeres, la institución penitenciaria, regimental y férrea, se vuelve paternalista adoptando una sobreprotección que no contribuye a fomentar la autonomía e independencia necesarias para dejar de cronificar actitudes sumisas arraigadas en sistemes patriarcales.
En torno al 80% de estas mujeres, han sido victimas de abusos y violencia machista. La combinación de estos factores incrementa su vulnerabilidad. Sin olvidar que la mayoría son madres que no pueden estar con sus hijes.
El trabajo en prisión es "una relación laboral especial". Los derechos del resto de la ciudadanía no se aplican dentro de los muros.
El empleo lo pactan las empresas con TPFE, (Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo), son quienes firman los contratos temporales de les trabajadores preses: mano de obra muy barata, sumisa, controlada, sin posibilidad de ningún conflicto, y con las instalaciones pagadas.
Las compañías no tienen ningún vínculo legal con quienes trabajan para ellas. Se pacta un precio por producto acabado y hora de trabajo, que cobra la administración encargada de la gestión de la cárcel.
El sueldo medio en prisión es de 339,96€ al mes, (informe de TPFE de 2022). En esa cantidad se incluyen prorrateadas las pagas extra, vacaciones y el rendimiento, pagando en ocasiones menos horas que las curradas.
Para las mujeres la situación es peor. Las ofertas suelen ser muy sexistas: peluquería, cocina, lavandería, que son las que peor sueldo tienen. Krorr Bremse, sistemas para trenes, empresa que contrata con instituciones penitenciarias, pagaba en 2018, 6,97€ la hora a Instituciones Penitenciarias.
Las personas trabajadoras de ese sector, Manipulados II, recibían 4,14€/ hora de trabajo efectivo. Estos pactos no se hacen públicos como el resto de convenios de la administración pública.
Tras el eufemismo "adjudicación de empleo", multitud de empresarios se nutren de lo que debería denominarse esclavitud. Su propósito, convertir las prisiones en un nicho de negocio para sus empresas y la propia Entidad Estatal.
" La esclavitud no se ha abolido, se ha puesto en nómina" El Perich.
